Esgrimen el derecho a la tutela judicial reconocido en la Constitución para que se detengan las obras.

másMedina.- Los 51 viticultores afectados por el proceso de expropiación de fincas para la construcción de la línea de Alta Tensión Tordesillas-Segovia a su paso por La Seca, dueños de 152 parcelas incluidas en el expediente, se negaron en la mañana de ayer a firmar las actas previas de ocupación de terrenos. El trámite les había sido requerido por segunda vez y se encontraban todos convocados en las dependencias del Ayuntamiento.

«Venimos a decir que no firmaremos hasta que no se pronuncie sobre el asunto el Tribunal Supremo». Así de tajante se lo comunicó acompañado por los viticultores el portavoz de la Plataforma, Teodoro Recio, al director del área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno, Esteban Useros. Fue testigo silencioso de la escena -al menos al principio- el técnico del departamento de Tramitaciones de Red Eléctrica Española, Carmelo Oyola.

«Ustedes defienden su proyecto pero nosotros defendemos nuestros viñedos, nuestros campos y, lo que es más importante, la salud de nuestro pueblo». Teodoro Recio añadió a sus palabras la advertencia de que no dejarán trabajar a los operarios de la compañía eléctrica. «Si ustedes entran en nuestras fincas nosotros, en la medida en que podamos, vamos a tratar de impedirlo», dijo.

El alcalde de la villa, Damián Recio, también comunicó al representante de la Administración su negativa a firmar las actas.

Tutela judicial

El representante de la Plataforma entregó a Useros un documento redactado por la procuradora Silvia Virto Bermejo y registrado en la Subdelegación del Gobierno de Valladolid por el cual los viticultores invocan el derecho constitucional a la Tutela Judicial Efectiva, para defender que sus parcelas sean respetadas hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional.

La procuradora, y con ella la Plataforma, esgrime que aunque no se haya producido una paralización cautelar de las obras por parte del Tribunal, «los ciudadanos tienen derecho a que se respete su situación actual porque han solicitado la tutela de los jueces y tribunales, ejecutando un derecho proclamado en la Constitución en su artículo 24».

25 viticultores presentaron recurso al Tribunal Supremo contra el trazado de la línea de alta tensión a finales de 2007. A principios de 2008 la Plataforma planteó otro recurso a otro tribunal, el Superior de Justicia de Madrid. En esa ocasión el número de viticultores que participaron se elevó a 81.

Esteban Useros comunicó a Recio, por parte de la Administración central, que la Delegación del Gobierno no pude paralizar una obra «aprobada por Consejo de Ministros» a no ser que exista una medida cautelar de los tribunales.

Useros afirmó también que el documento entregado por la Plataforma «ha sido consultado al abogado jefe del Estado» y que tampoco impide la ejecución del expediente expropiatorio ni de las obras. «Nosotros como funcionarios estamos obligados a acatar las decisiones del Consejo de Ministros, y la Ley no prevé que podamos detenerlo». Así, el procedimiento seguirá adelante y, en el caso de que los viticultores no accedan al paso de los operarios, «pasaría ya a ser un asunto de orden público».

Por su parte, Carmelo Oyola, de REE, se mostró «sorprendido» de que La Seca sea el único municipio de toda la línea «desde Galicia hasta Madrid», que ha presentado este tipo de resistencia a la obra. «Todo el procedimiento se ha realizado de forma correcta, y el estudio de impacto ambiental dice que la línea es compatible con el viñedo», aseguró.

En conflicto la servidumbre de paso aéreo por 152 parcelas

El proceso de expropiación de las 152 parcelas de La Seca culmina con el levantamiento de actas previas, último trámite del expediente. La Ley contempla el supuesto de que los particulares interesados se nieguen a firmar. Resuelve el conflicto sustituyendo esas rúbricas por las de los funcionarios, que deberán argumentar la deficiencia con el relato de lo sucedido.

La expropiación para la construcción de la línea a 400 kV Tordesillas-Segovia a su paso por La Seca afecta sólo a la servidumbre de paso aéreo por las fincas. El dueño actual seguirá siéndolo, pero los predios quedarán grabados con una servidumbre de paso a favor de Red Eléctrica Española, que podrá operar también en las labores necesarias para el montaje y mantenimiento de la línea de Alta Tensión. Asimismo, se expropian los puntos donde se asentarán las torretas.

La Línea Eléctrica a 400 kV Tordesillas-Segovia fue declarada de utilidad pública por acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2007, publicado en el BOE número 233 de 28 de septiembre de 2007. Esa declaración lleva implícita «la urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento».

Los representantes del movimiento ciudadano alegan que la línea provocará un impacto ambiental negativo, también sobre los viñedos y sobre la salud. Se basan, entre otros documentos, en un estudio de viabilidad ambiental realizado en 2001 por Belén Sanz Fernández-Vega, como trabajo para la Universidad SEK de Segovia. En él concluye que el trazado de una nueva línea «tendría mayor impacto negativo sobre el medio que el reacondicionamiento de la ya existente».