El Pleno de la Diputación aprueba readaptar su servicio de Asesoramiento a Municipios para dar respuesta a la puesta en marcha de la nueva Ley de Contratos del sector público

másMedina.— El Pleno de la Diputación de Valladolid, presidido por Jesús Julio Carnero, aprobó ayer, jueves, una proposición presentada por el Grupo provincial del PP a favor de la implantación de una prueba única en toda España de acceso a la Universidad para defender la igualdad de oportunidades en la Ebau y reivindicar la elevada calidad educativa que tiene la comunidad de Castilla y León. La proposición se aprobó con los votos favorables del grupo popular y de Ciudadanos, las abstenciones del grupo socialista y Valladolid Toma la Palabra, y el voto en contra del grupo Si Se puede.

La proposición trata de dar respuesta a la preocupación social que despiertan las desigualdades para los estudiantes según residan en una u otra comunidad autónoma, informó la Institución provincial, ya que las pruebas y los exámenes son diferentes según se viva en uno u otro territorio autonómico. Estas desigualdades han desembocado en una movilización estudiantil que tuvo lugar en Valladolid el pasado 23 de marzo a favor de una prueba única Ebau.

La proposición del Pleno de la Diputación insta al Gobierno de España y a las demás fuerzas políticas “a alcanzar un acuerdo para la implantación de una prueba única Ebau para toda España, que garantice el acceso en igualdad de condiciones a la Universidad de todos los estudiantes residan donde residan, y acaben con las situaciones discriminatorias que se producen en la actualidad”

Nuevas formas de colaboración con los Ayuntamientos

El grupo socialista planteó en una proposición las nuevas posibilidades de colaboración y cooperación de la institución provincial con los ayuntamientos, a la vista de las dificultades que les puede suponer la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

La nueva normativa supone la implantación obligatoria de la contratación electrónica, y el nuevo régimen jurídico de los funcionarios de habilitación nacional difícilmente asumible por los pequeños municipios de la provincia con los medios técnicos y personales de que disponen.

A esto se suma las mayores funciones que se da a las Diputaciones en aspectos de las normas específicas de contratación pública de las entidades locales. En torno a todo ello, la proposición del grupo socialista plantea la constitución de una comisión de trabajo cuyas conclusiones servirán para redefinir el papel, las funciones, y las relaciones del servicio de asesoramiento con los municipios de la provincia. La proposición fue aprobada por unanimidad.

‘Proyecto Arraigo’ contra la despoblación

Valladolid Toma la Palabra presentó al Pleno provincial la proposición para estudiar la puesta en marcha del ‘Proyecto Arraigo’ contra la despoblación en la provincia. La Diputación deberá impulsar la colaboración con los Ayuntamientos y Grupos de Acción Local de la provincia, así como su papel como mediadora entre administraciones y futuros pobladores. La proposición se aprobó por unanimidad.

Apoyo a las personas con discapacidad auditiva

Por su parte Ciudadanos ha presentado una iniciativa ‘por el apoyo y la prestación de servicios necesarios para las personas con discapacidad auditiva de la provincia’.

Entre sus propuestas están promover ante la Junta de Castilla y León la accesibilidad de los hospitales para las personas con problemas auditivos, la puesta en marcha de un programa itinerante de logopedia en los municipios, la inclusión del colectivo en las actividades culturales y en concreto en la representación de obras de teatro de la Muestra y en la Red Provinciales, y la difusión entre las personas que carecen de recursos, desde los Ceas, del banco de audífonos que existe en algunas de las asociaciones que trabajan en la provincia. La proposición se aprobó por unanimidad.

Declaración institucional de apoyo al pueblo saharaui

El pleno ha suscrito la declaración institucional de apoyo al pueblo saharaui por la que la Diputación de Valladolid se suma a la corriente de solidaridad de la sociedad española que lleva años exigiendo una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable a través de un referéndum de autodeterminación que ponga fin al conflicto del Sáhara Occidental