El uso de sus parcelas fue cambiado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 2008 pero este año han tenido que pagar por primera vez el Impuesto de Bienes Inmuebles. Los afectados, con predios en todas las demarcaciones de Medina del Campo, han fundado una entidad con el nombre de Asociación de Propietarios ‘La Mota’.

másMedina.— Es uno de los más curiosos efectos de la crisis económica y afecta a un buen número de propietarios de suelo. Los mismos que hace unos años veían con apetito que sus predios fueran recalificados a urbanos como si fueran a encontrar así la gallina de los huevos de oro, rezan ahora para que devuelvan a sus fincas la condición de rústicas.

Es lo que está pasando en Medina del Campo, tal como expusieron el lunes miembros de la Junta Directiva de la recién creada Asociación de Propietarios ‘La Mota’. La entidad, compuesta por una treintena de propietarios de suelo de la villa, no descarta recurrir a la vía judicial para devolver numerosos suelos a la calificación anterior al nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 2008.

Pese a que el cambio formal se produjo hace cinco años, no ha sido hasta este ejercicio cuando los propietarios se han encontrado con los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBI). “Fincas que antes pagaban 20 ó 30 euros de impuesto se encuentran con que ahora tienen que pagar 2.100 ó 2.300” explicó el presidente de la entidad, Demetrio Velasco.

Muchos de los propietarios, agricultores que siguen dando a sus parcelas el mismo uso agrícola anterior al PGOU, “sacan un rendimiento de unos 200 euros por hectárea de secano, y ahora tienen que pagar 700 de IBI por ese mismo suelo. Necesitarían la cosecha de varios años para pagar el impuesto de uno”, aseguró.

Los representantes de la Asociación se entrevistaron con el grupo de Gobierno socialista de Medina del Campo y con el partido PCAL-CI, que gobierna en coalición. “Ninguno de los dos nos ha dado soluciones”, asegura Velasco.

La entidad ha interpuesto sendos recursos ante la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de la Villa, en los que pide alcanzar alguna de las tres soluciones que considera posibles: que los terrenos vuelvan a ser recalificados para recuperar su condición de rústicos anterior a 2008; que se vuelva a calcular por parte del Catastro su valor real para que el impuesto le utilice como base impositiva o que se efectúe una bonificación para que baje el impuesto.

“Esta tercera posibilidad está recogida en la Ley y se ha efectuado en otras localidades en casos parecidos”, explica la secretaria de la entidad, Cristina Botrán. “La normativa permite aplicar hasta el 90% de bonificación en el impuesto en estos supuestos en los que los terrenos siguen teniendo una utilidad agrícola, y que además no cuentan con las infraestructuras propias del terreno urbano como agua, alcantarillado, alumbrado o pavimentación”. La entidad también solicita en sus recursos la paralización cautelar del cobro del impuesto.

“Uno de los problemas es que el Ayuntamiento suele ser un actor necesario para que salga adelante cualquier procedimiento. Por eso pedimos al de Medina del Campo que colabore para estudiar una salida al problema”, remarcó ayer el presidente de la Asociación de Propietarios. “Creemos que un acuerdo sería más positivo que tener que acudir a la vía judicial, por la que ya han optado varios propietarios particulares”, señala.

Un caso que comienza a extenderse por la geografía nacional

Casos como el expuesto por la Asociación de Propietarios ‘La Mota’ comienza a extenderse por la geografía nacional. Municipios que recalificaron abundante suelo para un desarrollo urbanístico que ahora es inviable cuentan con numerosos propietarios “damnificados”. En muchas ocasiones, jubilados que recibieron sus parcelas por herencia, desconocedores del alcance de los Planes Generales de Ordenación Urbana que se urdían en sus municipios, de las posibilidades de interponer alegaciones y, sobre todo, del alcance que tenía el cambio de calificación para sus bolsillos, se han encontrado en sus buzones con impuestos muy gravosos a los que no pueden hacer frente con su escasa pensión.

Es el caso del municipio leonés de Santovenia de la Valdoncina, donde recientemente se ha optado por eliminar la mayor parte del suelo urbanizable que fue añadido en planes urbanísticos de 1995. De la misma forma, vecinos de San Andrés del Rabanedo, en la misma provincia, continúan sus protestas por los efectos de lo que denominan “catastrazo” efectuado en un nuevo PGOU de 2010.

En la provincia de Valladolid existen ejemplos como Traspinedo, donde se ha devuelto la catalogación de rústicos a varios terrenos por decisión de la Corporación Municipal, o el de Tudela de Duero, donde la reversión a rústicos se ha efectuado por sentencia judicial.