La Institución provincial de Valladolid aporta 600.000 euros para dotar, ampliar y mejorar el sistema de transporte. La Junta de Castilla y León ratifica su compromiso de garantizar los actuales servicios de transporte convencional, con una inversión estimada en 1,1 millones de euros.

másMedina.— El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, han firmado esta mañana el convenio para dotar, ampliar y mejorar el sistema de transporte en la Provincia de Valladolid. Se podrán así llevar a cabo las acciones necesarias para dotar, ampliar o mejorar el sistema de transporte de determinados núcleos de población del territorio, según ha informado esta mañana la Institución provincial.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha señalado que este convenio «garantiza un servicio público básico ya que permite la movilidad de las personas, algo tan importante como la educación o la sanidad”. Por ello, se pretende “ampliar y mejorar la actual red de transporte para así facilitar el acceso de los ciudadanos a todo tipo de servicios, nunca sustituirlos o eliminarlos. La apuesta de la Diputación es clara y determinante a favor de la comunicación de las personas de nuestro mundo rural”.

Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha señalado el “compromiso con el medio rural garantizando no sólo la movilidad de los ciudadanos sino también la mejora y ampliación de los servicios”.

Los nuevos servicios utilizarán tanto el sistema de gestión de transporte a la demanda como el de transporte convencional a través de su reforzamiento, modificación o implantación. El fin último es ampliar y crear, si fuera necesario, nuevos servicios para satisfacer las necesidades reales de transporte de la población y garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales y de ocio.

COMPROMISOS

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente se compromete a tramitar y realizar las modificaciones en las concesiones de servicios de transporte público y las autorizaciones administrativas especiales, cuyos itinerarios discurran en todo o en parte por la provincia, afectando a los núcleos de población que se señalen por la Diputación de Valladolid, para ampliar y crear, si fuera necesario, nuevos servicios para satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de transporte. Además, cooperará en la instalación de las infraestructuras necesarias para dar un adecuado soporte al servicio de transporte y pondrá a disposición de la Diputación el sistema de gestión de flota de transporte a la demanda. La aportación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente asciende a 1.100.000 euros para cubrir los déficits de explotación garantizando el mantenimiento de los actuales servicios deficitarios. La inversión se realizará a través de las convocatorias públicas anuales que realiza la Consejería para sufragar el déficit de explotación de las empresas concesionarias.

Por su parte la Diputación de Valladolid, además de facilitar toda la información de carácter socioeconómico relativa a los distintos municipios afectados, financiará los nuevos servicios que se pongan en funcionamiento a través de este convenio. A tal efecto, destinará 600.000 euros para cubrir los déficits de explotación de los nuevos servicios, o a la financiación de los elementos auxiliares necesarios para el buen funcionamiento de los mismos.

Para desarrollar el presente convenio se constituye una Comisión Mixta de Seguimiento que tendrá entre sus funciones determinar la relación de los núcleos de población afectados por el ámbito de aplicación de este convenio; valorar la necesidad de crear nuevos servicios de transporte público o de modificar los existentes, evaluando el coste económico correspondiente; y definir las actuaciones a acometer priorizando las mismas teniendo en cuenta factores como la movilidad o el interés social.

El convenio suscrito hoy tiene una vigencia inicial de un año, pudiendo prorrogarse por periodos sucesivos de igual duración.

PLAN PROVINCIAL DE TRANSPORTE

La Diputación de Valladolid apuesta por desarrollar un plan de transporte que dé solución a las nuevas demandas de los usuarios del medio rural. Para ello, el pasado mes de enero se llevaron a cabo cinco encuentros con todos los alcaldes de la provincia con el fin de conocer sus preocupaciones y necesidades en esta materia. En estos encuentros se realizó una encuesta que ha podido ser completada, además, a través de sugerencias en un banner en la página web de la Diputación de Valladolid. El balance de todas estas actuaciones indica que la salud, la asistencia a mercados o actividades administrativas, el acceso a actividades culturales y de ocio, así como la interconectividad con los servicios convencionales, son las principales preocupaciones de los municipios.

Al mismo tiempo, se ha desarrollado una encuesta telefónica entre más de 4.400 potenciales usuarios del mundo rural. Los datos definitivos se conocerán en fechas próximas y serán factor clave en el desarrollo del futuro Plan Provincial de Transporte. De una primera aproximación se desprende que casi el 60% de los encuestados demandan este tipo de servicios, con un predominio de mujeres (70%) sobre hombres (30%), y fundamentalmente en los tramos de edad superiores a 65 años.

La puesta en marcha del Plan Provincial de Transporte permitirá implantar nuevos servicios en función de la demanda existente, así como recuperar siete de las expediciones interrumpidas en el servicio de transporte a la demanda.

ESFUERZO POR LA MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

En los últimos años, la Diputación Provincial de Valladolid y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente están realizando un importante esfuerzo en la mejora del transporte público en la provincia, aseguran fuentes de la institución Provincial. El objetivo esencial de esa colaboración es la garantía de la movilidad de los ciudadanos, especialmente los residentes en el medio rural, y favorecer el acceso a los servicios esenciales y al ocio. La suma de esfuerzo de ambas administraciones «es una garantía tanto para el mantenimiento del transporte convencional deficitario como para el transporte a la demanda en la provincia de Valladolid», aseguran las mismas fuentes.

Es importante la colaboración en el mantenimiento de las 14 concesiones de transporte de la provincia con una inversión anual de un millón de euros y la construcción de 24 refugios de espera en localidades de Valladolid con una inversión de 300.000 euros. Los refugios de espera construidos se localizan en Villabrágima, Valverde de Campos, Castromonte, Viloria del Henar, Bustillos de Chaves, Olmos de Esgueva, San Cebrián de Mazote, Barcial de la Loma, Corrales de Duero, Campaspero, Viana, Boecillo, Torrrecilla de la Torre, Santovenia de Pisuerga, Parque de Boecillo, Gordaliza de la Loma, Villacarralón, Castromembibre, Laguna de Duero, Pollos, Villabáñez, Bahabón, Santibáñez de Valcorba y Villafrechós.

En lo que se refiere al transporte a la demanda, un servicio público de transporte a la carta, se ha implantado en 18 zonas de la provincia de Valladolid, discurriendo por 86 rutas y ofreciendo servicio a 232 localidades y beneficiando a 138.000 personas. Hasta la fecha, se han realizado 211.000 reservas. La inversión de este servicio asciende a casi 1,7 millones de euros.

Conocieron las instalaciones junto al Jefe de Servicio de Acción Social de la Diputación en cumplimiento de una petición de los familiares de los usuarios

másMedina.— El pasado lunes, 22 de abril, el Alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela, con el Jefe de Servicio de Acción Social de la Diputación de Valladolid, Aurelio Baró, y junto a varios Alcaldes y Alcaldesas de localidades de la comarca, visitaron el taller ocupacional de Tordesillas, según ha informado el Ayuntamiento de la Villa del Tratado.

El objeto de la visita, que fue guiada por los propios usuarios del taller, fue el de dar a conocer de primera mano a los Alcaldes que tienen algún vecino de su municipio en el taller, la labor que se está realizando para con los usuarios así como las actividades que son desarrolladas en el mismo.

El Taller Ocupacional de Tordesillas, cuenta con 20 plazas, de las cuales 14 están ocupadas por personas de municipios como San Pelayo, Torrecilla de la Abadesa, San Cebrián de Mazote, Torrelobatón, Peñaflor de Hornija, Barruelo del Valle, Gallegos de Hornija y Tordesillas.

Esta iniciativa se realiza en respuesta a la petición realizada por los familiares de los usuarios del taller los cuales estaban muy interesados en que sus Alcaldes y Alcaldesas visitaran el taller y conocieran las instalaciones del mismo.

González Poncela considera muy interesante esta visita ya que “nos da conocimiento de la magnífica labor que se está realizando con los usuarios del taller y la importancia que tienen estos centros para personas con discapacidades”.

La Institución firma con Cáritas y Cruz Roja convenios de ayuda para la provincia de Valladolid. Destina 100.000 euros para subvencionar alquileres a las familias que hayan perdido su casa por impago.

másMedina.— El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, firmó el pasado lunes sendos convenios de colaboración con el Delegado y Director de Cáritas Valladolid, Jesús García Gallo, y con la Presienta de la Asamblea Local de Cruz Roja, Marta Varas Aragón, para ayudar a las personas y familia de la provincia que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de cuotas hipotecarias o del alquiler concertado, según ha informado la Institución Provincial.

El convenio desarrolla el acuerdo alcanzado el pasado 22 de enero por todos los grupos políticos de la Diputación y ratificado en el pleno ordinario del día 25 de ese mismo mes por el que la Institución provincial decidió destinar hasta 100.000 euros para ayudar a paliar las situaciones de desahucio causadas por la crisis a familias de municipios de menos de 20.000 habitantes de nuestra provincia. Esta cantidad se divide a partes iguales entre Cáritas y Cruz Roja.

Como recordó el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, “vivimos un momento crítico, en el que la crisis económica y social está desarmando a muchas familias, una situación ante la que no vale quedarse quieto”. La Diputación de Valladolid lleva a cabo una serie de actuaciones que, “como ha ocurrido en los últimos 200 años, se desarrollan para defender los derechos de los que más los necesitan, las personas con problemas que viven en nuestro mundo rural”, aseguró.

Jesús Julio Carnero recordó las distintas líneas de actuación que desarrolla la Institución para ayudar a las personas y a las familias en riesgo de exclusión social, y que se pueden concretar en seis puntos. En primer lugar, las ayudas de emergencia, que en el presupuesto de 2013 se han incrementado en más del 125%, “pasando de los 57.532 euros de 2012 a 130.000 euros en el presente ejercicio, a los que hay que unir otros 30.000 euros para cubrir las necesidades familiares de alimentación infantil”.

En segundo lugar, la Diputación colabora a través de los 13 CEAS de la provincia en la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía. En tercer lugar, la Institución provincial se adhirió recientemente al Fondo Social de Viviendas promovido por el Gobierno de España. En cuarto lugar, desarrolla convenios con el Secretariado Gitano, con el ayuntamiento de Peñafiel para evitar la discriminación de minorías étnicas y para la puesta en marcha de un albergue de indomiciliados en Mayorga. En quinto lugar, hay una participación activa de la Diputación de Valladolid en el Servicio Integral de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio. Y en sexto lugar, este convenio para ayudar al alquiler de viviendas sociales a las personas o familias en situación de desahucio.

Tras reiterar el compromiso contra la exclusión social que la Diputación de Valladolid lleva ejerciendo en sus 200 años de vida, Jesús Julio Carnero incidió en que toda esta labor se lleva a cabo de una manera coordinada con otras administraciones. Recordó que la semana pasada «la Junta de Castilla y León ha constituido la Red de Protección de las familias afectadas por la crisis, y en ella va a estar la Diputación de Valladolid, como siempre, defendiendo los derechos de las personas que más lo necesitan y que peor lo están pasando en nuestro mundo rural”.

CONTENIDO DE LOS CONVENIOS

Los convenios suscritos el lunes 22 de abril con Cáritas y Cruz Roja permiten desarrollar un programa «flexible y ágil» para la concesión de ayudas al alquiler a personas y familias en situación de desahucio, que hayan perdido su vivienda habitual como consecuencia del impago de las cuotas establecidas en un préstamo hipotecario o en un contrato de alquiler.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas individuales o unidades familiares que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de cuotas hipotecarias o del alquiler concertado, y que estén empadronadas en un municipio de la provincia de Valladolid con menos de 20.000 habitantes. No obstante, en función de las circunstancias concurrentes, podrá obviarse este requisito. La vivienda a ocupar en alquiler debe ubicarse en un municipio de la provincia de Valladolid, excluida la capital.

Además, deben concurrir otra serie de requisitos como ser deudor de buena fe, que el desalojo de su vivienda habitual se haya producido a partir del 1/enero/ 2008, y que dicha vivienda estuviera ubicada en un municipio de la provincia de Valladolid. Por último, debe existir un documento judicial (sentencia o auto), o un documento jurídico de análoga eficacia ejecutiva, que haya obligado al desalojo. Por último, para poder acceder a las ayudas se establece un máximo de ingresos mensuales de la unidad familiar que varía en función del número de sus miembros.

En función de las circunstancias concurrentes, se podrán conceder dos tipos de ayudas: el 100% del precio del alquiler por un periodo de hasta 6 meses, o bien, el 50% del precio del alquiler para un periodo de hasta 12 meses. Excepcionalmente, se podrán ampliar las ayudas hasta 3 y hasta 6 meses, respectivamente. El importe mensual a abonar será el del coste del alquiler y, en todo caso, un máximo de 400 euros al mes.